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Durante sexenio de Calderón, Maduro entregó pasaportes y armas al Cártel de Sinaloa



En un giro histórico para la justicia internacional, una nueva acusación federal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha expuesto detalles inéditos sobre la presunta cooperación entre el régimen de Nicolás Maduro y las organizaciones criminales más peligrosas del continente, destacando al Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

Según el documento judicial desclasificado este 3 de enero de 2026, la Fiscalía de Estados Unidos sostiene que Nicolás Maduro, desde su etapa como Ministro de Relaciones Exteriores (2006-2013), facilitó el uso de instituciones del Estado para el crimen organizado. Justo en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

La acusación detalla que Maduro: Proveyó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes de alto nivel para facilitar su libre movimiento internacional.

Coordinó vuelos oficiales desde México hacia Venezuela para repatriar ganancias millonarias provenientes de la venta de drogas, utilizando cobertura diplomática para evitar que los aviones fueran inspeccionados por agencias militares o policiales.

Por primera vez en el expediente, el Departamento de Justicia menciona explícitamente al Cártel de Sinaloa como uno de los principales socios del llamado Cártel de los Soles, la organización supuestamente dirigida por la cúpula chavista.

“Maduro no solo permitió el tránsito de cocaína, sino que negoció directamente cargamentos de varias toneladas y ordenó el suministro de armas de grado militar a grupos terroristas y carteles mexicanos”, indica el informe de la fiscalía.

La nueva acusación también incluye a figuras del círculo íntimo de Maduro, como su esposa, Cilia Flores, y su hijo, Nicolás Maduro Guerra, señalándolos como piezas clave en la estructura de lavado de dinero y logística del narcotráfico.

Los cargos presentados incluyen conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra. Con la recompensa por su captura ratificada recientemente en 50 millones de dólares, el gobierno estadounidense busca cerrar el cerco sobre el mandatario venezolano, a quien califica de haber convertido a las instituciones del país en una “herramienta del crimen transnacional”.

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