Por Rodolfo Montes
Al Instituto Nacional de Migración (INM), le han abierto la chequera, para desembolsar 140 milones de pesos y con ello indemnizar a familiares de 40 migrantes extranjeros y 27 más lesionados derivado de un incendio en uno de sus albergues ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua el pasado 27 de marzo.
Fueron tres minutos de infierno los que ese día padecieron decenas de migrantes y que ahora se sabe fue provocado por dos personas de origen venezolano, así como la pérdida de las llaves del área de alojamiento para hombres.
Ahora la autoridad migratoria asegura que ese monto millonario representa un momento crucial para avanzar en los procesos que garanticen los derechos y la salvaguarda de las personas en contexto de movilidad. Y la no repetición.
No basta con que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya solicitado esa partida presupuestal “especial” para la reparación del daño, a fin de que una vez definido el monto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se llevará a cabo la indemnización respectiva.
Cada familia habrá de recibir 3 millones 500 pesos para ello. Pero no, eso no será suficiente para las familias que perdieron a sus seres queridos en esa tragedia. Hace falta más, mucho más para mitigar el dolor y la tragedia.
No basta con que personal del INM se haya dado a la tarea de realizar recorridos hospitalarios para identificar y ubicar a los lesionados en los diferentes hospitales, con la finalidad de generar información confiable.
No basta con los traslados de los heridos graves que requerían atención especializada fueron canalizados en ambulancias aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina e Instituto Mexicano del Seguro Social a hospitales de alta especialidad de la Ciudad de México.
No basta con que el Comisionado y personal del INM llevaron a cabo reunión con autoridades del Servicio Médico Forense, donde se ofreció el auxilio a los peritos para la identificación de cadáveres, proporcionando un censo de fallecidos con fotografías, nacionalidad, nombre, sexo y edad, a fin de coadyuvar en su identificación.
No basta con haber repatriado los cuerpos de las personas extranjeras fallecidas a sus países de origen. No basta con que el INM sufragara los gastos de hospedaje, alimentación y servicios personales para la familia de las víctimas; así como, los correspondientes al pago de boletos de avión.
No se puede estar tapando el sol con un solo dedo. No se puede ni es ético el que ahora se presuma que los lesionados como sus familias han recibido productos de higiene personal, medicamentos especializados de alto costo para todos los pacientes, celulares, tarjetas de tiempo aire, ropa, calzado, lavandería, suplementos alimenticios y peluquería; así como, pañales, toallas húmedas, leche y otros.
No se pueden lavar las manos ahora, presumiendo que el INM entregó en donación al Hospital General en el estado de Chihuahua equipo de VATHINSET que contenía paquete de broncoscopía, monitor y 10 broncoscopios flexibles, que se utilizaron para el tratamiento y atención a los lesionados.
Se necesita ser cara dura para pregonar a los cuatro vientos que, derivado de la petición de los familiares, fueron trasladados a la Basílica de Guadalupe, plazas comerciales y sitios de recreación.
Ahora se habla de la suspensión temporal de 33 estancias provisionales del INM, y que de ello se informó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que certificara las condiciones éstas y determine cuáles se rehabilitan, cuáles se cierran y cuáles pueden seguir operando.
Ahora se han puesto manos a la obra como lo es la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas, así como la instalación de vidrio plástico, detectores de humo, respiradores y mayor número de extintores, entre otras medidas.
Pero eso y más pregones, no bastan. Para garantizar la no repetición de hechos que atenten contra la integridad y vida de los migrantes, se debe llegar hasta sus últimas consecuencias por los hechos del 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez.
Y con ello saber lo que determine la autoridad competente sobre la vinculación a proceso de Francisco Garduño Yáñez; Antonio Molina Díaz; Salvador González Guerrero; Juan Carlos Meza Cumplido; Eduardo Apodaca Magallanes; Daniel Goray Yosioka; Rodolfo Collazo de la Torre, y Gloria Liliana Ramos García.
La autoridad tiene tela de donde cortar. Con fecha 2 de julio se recibió la recomendación 111VG/2023 de la CNDH “sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno a la vida y a la integridad y seguridad personal, por actos y omisiones del personal del INM”.
