Concesionarios de rutas zonales de los Culhuacanes, Azcapotzalco, Xochimilco y Águilas-Centenario, advirtieron que bloquearán el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y harán en plantón indefinido por la expropiación de sus concesiones para entregarlas a particulares y por el inicio de operaciones de empresas fantasma, con la anuencia de gobierno capitalino.
Arturo Toscano, asesor jurídico de las rutas afectadas, pidió al Gobierno de la Ciudad llevar a cabo un diálogo público, como lo hace el Presidente Andrés Manuel López Obrador y cualquier Ciudad que practica la democracia, para demostrar los actos ilícitos llevados a cabo.
Incluso, en ese diálogo expondrán datos y pruebas que avalan las irregularidades y actos de corrupción de la Secretaría de Movilidad, que encabeza Andrés Lajous, con las empresas que pretenden operar dichos corredores.
Los transportistas, quienes afirman que no son minoría como lo ha señalado la Secretaría de Movilidad mostraron las pruebas en la que un pequeño grupo obtuvo, a través de desvío de recursos y empresas fantasmas, más de 61 millones de pesos para operar las rutas zonales, como el caso de los Culhuacanes.
Toscano explicó que el planteamiento a Andrés Lajous y a Martí Batres es la realización de un diálogo público al que tengan acceso todos aquellos interesados en conocer las irregularidades respecto a la conformación de empresas zonales y conozcan la realidad, no sólo a través de tarjetas con falsa información de Semovi.
Ignacio Hernández, presidente de ruta 84, dijo que tienen pruebas documentadas de la corrupción imperante en la Secretaría de Movilidad, como el agregado de más placas inexistentes para la obtención de bonos de chatarrización.
“Nos dicen minorías, que todos ya están adentro, pero nunca dan una respuesta pública y abierta, por eso la convocatoria que se está habiendo aquí, es que tengamos un diálogo público y abierto; hay medios electrónicos que nos dan la capacidad de que se ventile esa discusión, pero de forma abierta y pública, con documéntales en mano que también se tienen”, subrayó Hernández.
“Vamos a cerrar el Aeropuerto, y si seguimos sin tener respuesta del Gobierno, nos vamos a quedar a acampar, pues ya lo hicimos en 2006 cuando como transportistas apoyamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador en Reforma, porque estamos siendo pisoteados, como él fue pisoteado en esa ocasión”.
Ante la intransigencia de la Secretaría de Movilidad y el anuncio que saldrán los primeros autobuses de las llamadas “empresas fantasma” en los corredores zonales, Arturo Maya del corredor señaló que van a cerrar la terminal aérea, como medida de protesta, al igual como lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador, en Paseo de la Reforma, cuando le cometieron fraude.
“Vamos a cerrar el Aeropuerto si entran a trabajar los camiones el día sábado, vamos a ir a cerrar el Aeropuerto en compañía y con apoyo de las rutas hermanas del Estado de México, y los demás sectores afectados por los actos de corrupción”, puntualizó.
En conferencia de prensa, a la que asistieron concesionarios y sus familias, demostraron con actas constitutivas y oficios de la propia Semovi que las empresas conformadas actúan bajo la ilegalidad, al no contar con una concesión y de iniciar operaciones este sábado, tendrían que ser enviadas al corralón, puesto que estarían violando la Ley de Movilidad.
Mónica Maya enfatizó que las rutas desplazadas por Semovi cuentan con amparos y denuncias penales -ya ratificadas- por lo que ahora piden a la Fiscalía Capitalina que investigue a los servidores públicos de esa dependencia que desviaron recursos del programa de chatarrización para la adquisición de autobuses.
“Hay una Ley que se debe respetar y es la de Movilidad, y estamos constituidos siguiendo esa normativa, y tenemos que estar constituidos en una empresa mercantil y así lo hicimos, pero ahora Semovi entregó el título concesión a otra parte, si minoritaria, y desvío también recursos a esas empresas ilegales”, señaló.
Indicó que no sólo la Semovi, sino también líderes como Gabino Ortega, de una fracción de la ruta 57, han ejercido la corrupción, pues ha pedido hasta 650 mil pesos a otros concesionarios, para incluirlos en los proyectos que le entregó, de manera irregular, la dependencia que encabeza Lajous, a espaldas del Gobierno de la Ciudad.
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