- La política propone 40 medidas rumbo a 2035 para reducir la exposición de comunidades y ecosistemas; dos herramientas ayudarán a consultar riesgos y elegir acciones según cada territorio.
ANTALYA, Türkiye.— Sequías, lluvias torrenciales y otros impactos climáticos ya afectan la disponibilidad de agua, la biodiversidad y la producción agrícola en México. Frente a ese escenario, el Gobierno federal presentó en la COP31 ADAPTAMX 1.0, la primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con la intención de que anticiparse a los riesgos forme parte de las decisiones públicas y de la planeación territorial.
La política plantea 40 medidas para 2035 y busca orientar a la Federación, los estados y los municipios sobre dónde actuar primero y cómo dirigir recursos a las necesidades de cada región. En esta etapa se concentra en dos peligros relacionados con el agua: las sequías y las lluvias torrenciales. Su alcance se ampliará progresivamente a otros riesgos y a mecanismos de implementación, seguimiento y financiamiento.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que la propuesta se elaboró desde los territorios, combinando evidencia científica y saberes comunitarios. Puso énfasis en que comunidades rurales, pueblos indígenas, poblaciones insulares y hogares de menores ingresos enfrentan una exposición mayor a los efectos del cambio climático.
Los daños económicos también dimensionan el desafío. Durante la presentación, el subsecretario José Luis Samaniego Leyva indicó que los fenómenos hidrometeorológicos causaron pérdidas estimadas en 7.2 mil millones de dólares entre 2018 y 2023. Sin medidas de adaptación, advirtió, las pérdidas acumuladas hacia finales de siglo podrían llegar hasta nueve veces el PIB mexicano de 2024.
La elaboración de ADAPTAMX incluyó diagnósticos regionales y sectoriales, siete talleres y tres mesas temáticas. El proceso reunió a 667 personas de gobiernos, comunidades, academia, organizaciones civiles, sectores productivos y juventudes. Para sus promotores, esa participación será clave para convertir las prioridades nacionales en acciones que respondan a las condiciones de cada lugar.
La política se organiza en seis ejes: población y territorio; sistemas productivos; biodiversidad y servicios ecosistémicos; gestión del agua; infraestructura estratégica y patrimonio cultural; y seguridad y cambio climático. En paralelo, el INECC presentó avances de dos herramientas para apoyar su puesta en marcha: una plataforma para consultar riesgos presentes y futuros bajo distintos escenarios, y una ruta que permitirá identificar medidas según el sector, el territorio y el riesgo enfrentado.
El Fondo Verde para el Clima aprobó 2.8 millones de dólares para fortalecer capacidades nacionales y apoyar el desarrollo de la política. El siguiente paso, señalaron autoridades y representantes legislativos y sociales, será llevar la adaptación a las decisiones presupuestarias, precisar responsabilidades y mantener la participación de las comunidades en el diseño de soluciones.
Con ADAPTAMX 1.0, México busca incorporar la adaptación climática en la planeación y la inversión pública, en línea con el Acuerdo de París. El reto será que esa ruta nacional se traduzca en medidas concretas para las personas y los ecosistemas que ya enfrentan los impactos del clima.






