- La entrega de propuestas en el Senado reconoce los límites del sistema vigente y busca convertir la promesa de regeneración en investigaciones, sanciones y recuperación de recursos.
POR: EK XIB YAOTECÁTL
Ciudad de México.— La entrega de propuestas anticorrupción al Senado estuvo acompañada de un reconocimiento: las instituciones actuales tienen limitaciones para enfrentar la impunidad. Este lunes 9 de noviembre, Alfonso Ramírez Cuéllar presentó al presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez Miranda, un paquete elaborado con legisladores y especialistas para modificar los mecanismos de investigación, fiscalización y sanción.
Martínez pidió una “limpieza a fondo”, mientras Ramírez Cuéllar planteó construir un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. El encuentro abrió una ruta de análisis; las propuestas todavía deberán traducirse en acuerdos legislativos y reformas aprobadas.
La agenda abarca la revisión de los delitos relacionados con la corrupción en el Código Penal, cambios a la extinción de dominio para enfrentar ilícitos como el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles, así como modificaciones a la inmunidad procesal de legisladores y funcionarios y a los mecanismos de juicio político.
Otro componente es la reconstrucción del sistema de fiscalización, mediante reformas a la Auditoría Superior de la Federación y una mayor coordinación con los órganos locales. También se propone rediseñar las fiscalías anticorrupción federales y estatales, fortalecer la participación ciudadana y cerrar espacios de opacidad en el ejercicio del presupuesto.
Para la sociedad, el alcance de estas medidas está en la protección del dinero público: detectar irregularidades antes de que los recursos se pierdan, investigar a los responsables y conseguir que las sanciones y la recuperación de bienes sean efectivas.
Durante el encuentro tampoco hubo una sola visión sobre las fiscalías. Frente al planteamiento de rediseñar las instancias especializadas, Susana Camacho, investigadora de México Evalúa, defendió un marco que facilite investigaciones en colaboración con otras autoridades. La diferencia coloca en el centro del debate la capacidad real para integrar casos y llevarlos a una resolución.
La revisión del fuero tendrá, además, un significado político: los legisladores deberán discutir las protecciones procesales que también les corresponden. Su alcance podrá evaluarse cuando existan disposiciones concretas y mecanismos que permitan exigir responsabilidades con respeto al debido proceso.
