POR EK XIB YAOTECÁTL
MÉRIDA, YUCATÁN. — En una acción coordinada por tierra y aire, elementos de corporaciones federales y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán desplegaron un operativo sorpresa de revisión e inspección en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida.
La intervención, que incluyó el cierre de vialidades perimetrales y patrullajes aéreos con drones, tuvo como objetivo la detección y decomiso de objetos prohibidos y estupefacientes al interior del penal.
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de seguridad, la movilización forma parte de los protocolos del Plan Nacional de Seguridad para fortalecer la gobernabilidad penitenciaria.
Durante la inspección en los módulos del penal meridano, las fuerzas de seguridad aseguraron objetos punzocortantes, envoltorios de hierba con características de cannabis, pipas y vaporizadores, así como dispositivos electrónicos de comunicación que permanecían de forma irregular en las celdas.
Señalamientos de la CNDH y rezago penitenciario
Esta intervención en el Cereso de Mérida se suscita en un contexto de escrutinio hacia el sistema penitenciario de la entidad. Apenas días atrás, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encendió las alertas al otorgar una calificación reprobatoria global de 5.91 sobre 10 a las cárceles de Yucatán en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
En la evaluación individualizada, el penal de Mérida obtuvo una nota de 5.95, situándose en semáforo rojo junto con los centros de Valladolid y el femenil. El organismo defensor de derechos humanos identificó deficiencias estructurales en los centros locales, principalmente en materia de servicios de salud, mecanismos de queja para las personas privadas de la libertad y rezagos en los programas integrales de reinserción social, urgiendo a las autoridades estatales a corregir anomalías en la gobernabilidad interna.
Alerta nacional tras hechos violentos en Mazatlán
El despliegue de seguridad en la capital yucateca también coincide con el clima de máxima alerta penitenciaria que prevalece a nivel federal, detonado por los recientes hechos de violencia en el norte del país. En el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, un violento motín y enfrentamiento armado dejó un saldo trágico de al menos una decena de personas sin vida —entre reclusos y visitantes familiares— y más de 15 lesionados.
La tragedia en el penal sinaloense reactivó las alarmas en las mesas de seguridad de todo el país respecto a los riesgos del autogobierno y el ingreso de armas y drogas a los reclusorios. Frente a este panorama, mandos de la SSP y fuerzas federales reiteraron que los cateos e inspecciones en el penal de Mérida continuarán de forma aleatoria para inhibir cualquier conato de violencia y preservar la estabilidad en la infraestructura penitenciaria de Yucatán.
