foto: Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A. C.
Por EK XIB YAOTECÁTL
Los Pueblos mayas de las comisarías de Mérida y Umán presentaron una denuncia popular ante la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por el incremento de actividad derivada de la explotación de minas de bancos de materiales pétreos.
La denuncia que también fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del gobierno del estado de Yucatán, y otra ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es contra los bancos de materiales CYPSSA-Península y otro cuyo nombre se desconoce..
Ambos bancos de materiales se instalaron sin consultar a la comunidad y planean operar a una distancia que contraviene las disposiciones de la NOM-023-STPS-2012 y la NORMA TÉCNICA AMBIENTAL NTA-002-SEDUMA-10. Esta última establece como uno de los criterios fundamentales para operar bancos de materiales que la localización de éstos debe ubicarse a una distancia mínima de 5 km de cualquier asentamiento humano y vestigios arqueológicos, además de estar ubicado a una distancia mayor de 1000 metros de oleoductos, poliductos, gasoductos y ductos de cualquier tipo, propiedad de Petróleos Mexicanos y/o de empresas particulares, y de líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones eléctricas, estaciones termoeléctricas, y tendido de líneas telefónicas aéreas o de fibra óptica subterránea.
De acuerdo a un estudio técnico agregado a las denuncias presentadas, los bancos de materiales se encuentran a 994.479 metros del núcleo de población de Yaxcopoil, a una distancia de 1,918.834 metros del sitio arqueológico
de Yaxcopoil-Tanmul, reconocido por el INAH como una zona arqueológica de rango 2 (cuya importancia es similar a la de Dzibichaltún y Oxkintok) y a 600 metros aproximadamente de un tanque de gas estacionario, lo cual hace inviable cualquier actividad de extracción de material pétreo. A pesar de ello, ambas empresas han actuado y siguen actuando con total impunidad sin que hasta la fecha exista algún procedimiento de clausura por parte de las autoridades federales y estatales.
En esa misma línea se encuentran los pueblos mayas de San José Tzal, Hotzuc y Tebec quienes en marzo de este año presentaron un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS, antes SEDUMA), por las omisiones que han permitido el funcionamiento de un banco de extracción de materiales pétreos de la empresa PROSER que afecta a esos pueblos y cuya actividad inicio sin que existiera manifestación de impacto ambiental y sin haber realizado el adecuado proceso de consulta y consentimiento con los pueblos afectados.
El banco de materiales PROSER afecta una superficie aproximada de 529 hectáreas Su cercanía con San José Tzal, Tebec y Hotzuc ha generado daños ambientales y sociales asociados con la extracción de materiales, el polvo y las explosiones.
A pesar de la evidencia de las omisiones que afectan derechos a esos Pueblos, la Jueza Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán, Elsa Patricia Espinosa Salas, si bien admitió el amparo, negó, con argumentos regresivos que omiten precedentes importantes en materia ambiental y de protección a los derechos de los pueblos, las suspensiones provisional y definitiva, permitiendo la continuación de la extracción por parte de la empresa
PROSER. Dicha negativa de suspensión fue impugnada y será revisada por el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Décimo Circuito. Cabe resaltar que la Jueza Espinosa Salas fue señalada por haber liberado al ex gobernador de Puebla Mario Marín cuando fungió como Jueza Federal en Quintana Roo.
La extracción de bancos de material pétreo, considerada minería a cielo abierto, representa afectaciones graves al territorio, medioambiente, patrimonio cultural, vivienda y agua, entre otros. En ese sentido, resulta indispensable que tanto el gobierno federal como el estatal, y el Poder Judicial de la Federación, hagan efectivos los derechos a un medioambiente sano y al territorio a los pueblos de Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec, Hotzuc pues las afectaciones que sufren ponen en riesgo su integridad cultural y sus modos de vida, lo que obliga a esas autoridades a adoptar las medidas necesarias para prevenir daños ambientales, sociales y patrimoniales irreversibles y que sólo generan ganancias a las empresas constructoras.
Red de Pueblos contra la minería en Yucatán
Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A. C.
