CHUBURNÁ PUERTO, YUCATÁN.— El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán dictaminó la suspensión provisional del megaproyecto turístico e inmobiliario “Las Dunas”, congelando de manera inmediata la licencia de construcción y la factibilidad de uso de suelo emitidas para el complejo en esta comisaría del municipio de Progreso.
La decisión judicial responde a la demanda de amparo interpuesta por vecinos de Chuburná Puerto, respaldados colectivamente por la organización Kanan Derechos Humanos y la Colectiva Salvemos las Dunas.La resolución no solo paraliza las maquinarias en el predio, sino que instruye la aplicación de metodologías de participación pública para garantizar una consulta ambiental formal en la comunidad, invocando directrices del Acuerdo de Escazú.
El desarrollo “Las Dunas” abarca una extensión proyectada de más de 92 mil metros cuadrados divididos por la carretera Yucalpetén-Chuburná. Su historial administrativo revela un crecimiento progresivo que encendió las alarmas locales:. En septiembre de 2023, se presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) inicial para construir 6 torres con 74 departamentos.La SEMARNAT negó dicha solicitud a finales de ese año.
Para diciembre de 2024, el proyecto reapareció duplicando su escala: 14 torres, 138 departamentos, áreas comerciales y amenidades con capacidad para albergar a más de 500 personas. Pese a la controversia y a las alertas ambientales sobre la fragilidad de las dunas, el Ayuntamiento de Progreso otorgó los permisos de uso de suelo y construcción.
El antecedente decisivo que fortaleció el recurso de amparo ocurrió en julio, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó una inspección física en la zona.Los verificadores documentaron el desmonte y la remoción total de cobertura vegetal en 1.3 hectáreas (13 mil metros cuadrados).
En la mitad de ese terreno desmontado, la autoridad ambiental halló flora y fauna no reportadas en la documentación presentadas por la empresa promotora, como especies vegetales protegidas, ejemplares de algodón silvestre y de la biznaga pol tsakam (o cabeza de gato), catalogada en peligro de extinción.
Del mismo modo se reportó fauna desplazada de iguanas rayadas, matracas yucatecas y colibríes tijereta.
Ante la alteración directa del ecosistema de dunas y el riesgo de daños irreversibles, la PROFEPA decretó la clausura temporal total a inicios de agosto, abriendo un expediente administrativo sancionador.
Pese al sello de clausura federal, la comunidad buscó una protección de fondo a través del amparo indirecto contra las licencias concedidas por la autoridad municipal.Argumentaron la violación explícita al derecho a un medio ambiente sano y la omisión sistemática del derecho a la consulta ciudadana en decisiones territoriales con impacto ecológico.
El fallo del juez federal condicionó el mantenimiento de la medida cautelar al depósito de una garantía de 50 mil pesos —la cual fue cubierta por los promoventes— y ordenó al Ayuntamiento acatar la suspensión sin dilación.
“Es una obligación irrenunciable de las autoridades velar por los procesos de participación ambiental. Estaremos vigilantes del pleno acatamiento de las medidas por parte del Ayuntamiento”, señalaron voceros del movimiento civil.
El juicio de amparo continuará su cauce para determinar si las licencias municipales deben revocarse de manera definitiva, marcando un precedente sustancial para la defensa comunitaria de la franja costera en Yucatán
