Rodolfo Montes
CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó la postura de su administración respecto al conflicto con la empresa estadounidense Vulcan Materials (Calica) en Quintana Roo.
Pese a las controversias legales interpuestas por la compañía, la mandataria aseguró que se mantiene la búsqueda de un acuerdo que priorice la protección del medio ambiente en la recién declarada Área Natural Protegida (ANP) Felipe Carrillo Puerto.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que la medida implementada por el Estado mexicano no constituye una expropiación, sino una declaratoria de protección ambiental ante la sobreexplotación de recursos naturales en la región. En este sentido, minimizó el impacto de una posible reforma legal en el Congreso de Estados Unidos que busca castigar expropiaciones a empresas norteamericanas, señalando que dicha ley no sería aplicable en este caso.
“No hubo ninguna expropiación y, por tanto, no sería aplicable”, sentenció la titular del Ejecutivo.
Diálogo y Alternativas
La Presidenta informó que existe una mesa de trabajo activa entre la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), el gobierno de Quintana Roo y representantes de Vulcan. El objetivo es analizar si otras zonas mineras cercanas podrían ser explotadas sin comprometer el ecosistema local.
Aunque Sheinbaum evitó profundizar en los detalles de la negociación para mantener la discreción necesaria, reiteró que la prioridad es ofrecer alternativas viables a la empresa sin dar marcha atrás a la protección del patrimonio natural del Caribe mexicano.
Contexto: El conflicto AMLO vs. Vulcan Materials (Calica)
Para entender por qué esta zona fue declarada Área Natural Protegida, es necesario remontarse a la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde el choque con la filial de Vulcan, Calica (hoy Sac-Tun), se convirtió en un emblema de la política ambiental y de soberanía del sexenio anterior.
1. El origen de la “devastación”
Calica operaba en Quintana Roo desde 1986, bajo concesiones otorgadas en gobiernos anteriores. La empresa se dedicaba a la extracción de piedra caliza, la cual trituraba y exportaba a Estados Unidos para la construcción de carreteras. Sin embargo, el método de extracción (que implicaba el uso de explosivos y excavaciones por debajo del nivel del mar) causó daños irreversibles:
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Destrucción de cenotes y ríos subterráneos.
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Pérdida de biodiversidad y selva tropical.
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Contaminación de mantos freáticos en una de las zonas turísticas más importantes del mundo.
2. La ruptura con López Obrador
En 2022, tras una serie de inspecciones aéreas donde el entonces presidente AMLO denunció un “desastre ecológico”, el gobierno clausuró las instalaciones. Vulcan Materials respondió escalando una demanda ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), exigiendo una indemnización superior a los 1,500 millones de dólares, alegando que el gobierno mexicano les impedía operar de forma arbitraria.
3. El decreto de ANP como “Escudo”
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de compra-venta (el gobierno federal ofreció cerca de 2,000 millones de dólares por el terreno, oferta que la empresa rechazó), López Obrador firmó en septiembre de 2024 un decreto que convirtió las 53,000 hectáreas en el Área Natural Protegida “Felipe Carrillo Puerto”.
Esta jugada legal detuvo de tajo la actividad minera, no mediante una expropiación (que implicaría pagar el valor comercial de la empresa), sino mediante una restricción de uso de suelo por causas de utilidad pública ambiental.
4. La respuesta de EE. UU.
El caso ha escalado a nivel diplomático. Senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, han acusado al gobierno mexicano de “confiscar” propiedad privada, lo que motivó la propuesta de reforma en el Congreso de EE. UU. mencionada por Sheinbaum, la cual busca imponer sanciones comerciales a países que tomen activos de empresas estadounidenses sin compensación.
