En un acto de resistencia legal y social, integrantes de 17 comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, acompañados por el respaldo de más de 17,000 firmas ciudadanas, hicieron un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que asuma su responsabilidad histórica y resuelva de fondo la crisis de contaminación que asfixia a su región.

La movilización ocurre en la víspera de la sesión de este jueves 26 de marzo, donde se discutirá el proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos González.

Las comunidades exigen que dicho proyecto sea desechado, pues denuncian que busca “lavarse las manos” al proponer que el expediente regrese a un juzgado local en lugar de dictar una sentencia definitiva.

El conflicto: Seis años de espera por agua limpia

Desde 2020, las comunidades emprendieron una batalla legal debido a la presencia confirmada de plaguicidas altamente peligrosos en su entorno. Diversos estudios científicos han documentado residuos de estos químicos no solo en el acuífero de la Península de Yucatán y pozos de agua potable, sino incluso en la orina y sangre de los habitantes.

Pese a la gravedad de las pruebas, el Juez Primero de Distrito en Campeche negó originalmente el amparo, argumentando que las evidencias “no eran idóneas”. Aunque la SCJN atrajo el caso en 2025 por su relevancia nacional, el nuevo proyecto de la ministra Ríos González sugiere devolver el caso al mismo juez que ya les falló, alegando errores de procedimiento.

“Devolver el expediente es un retroceso. Implica evadir el fondo del problema y prolongar una demanda de justicia que llevamos buscando desde hace 6 años”, señalaron representantes de las comunidades mayas.

Las exigencias al Máximo Tribunal

A través de la plataforma Change.org, 17 mil personas se sumaron a la petición entregada hoy en las instalaciones de la SCJN. Los demandantes solicitan a las y los ministros que no se limiten a trámites administrativos y ordenen acciones inmediatas, entre ellas:

• Prohibición estricta de plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura regional.

• Monitoreo constante de la calidad del agua en pozos de consumo humano.

• Programas de remediación para la limpieza de suelos y mantos acuíferos.

• Actualización de normas oficiales sobre la calidad del agua.

Un precedente para el medio ambiente

El caso de Hopelchén es visto por expertos legales como una prueba de fuego para el Acuerdo de Escazú en México.

De resolverse a favor de las comunidades, la Corte establecería un precedente sobre cómo los jueces deben proteger la naturaleza y la salud humana por encima de tecnicismos legales, aplicando principios de prevención y precaución.

La moneda está en el aire. La sesión de mañana determinará si la SCJN opta por una justicia burocrática o por la protección efectiva de los derechos humanos y el territorio indígena.