La Gaceta Parlamentaria de este jueves no era una más. En el ambiente de la Cámara de Diputados flotaba la expectativa de una reforma que promete sacudir los cimientos del poder local en México. La sesión transcurría entre el murmullo habitual de las curules hasta que la voz de la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, dictó el turno de entrada a la minuta enviada por el Senado de la República.
Se trata de un proyecto de decreto que busca intervenir los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política, un documento que ahora descansa en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, donde iniciará el complejo proceso de dictaminación.
El nuevo rostro del Ayuntamiento
La reforma pone la lupa sobre el corazón de la vida democrática: el municipio. La minuta establece que cada ayuntamiento será integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y un límite estricto de hasta quince regidurías. Pero el cambio no es solo numérico; la propuesta eleva a rango constitucional la paridad de género vertical y horizontal, asegurando que el acceso y ejercicio del poder municipal no sea más un terreno de exclusión, sino un espacio de igualdad sustantiva.
Austeridad por decreto: topes al gasto legislativo
Uno de los puntos que seguramente generará mayor debate en los congresos locales es el nuevo candado financiero. De aprobarse, las constituciones estatales deberán ajustarse a una realidad de austeridad obligatoria: el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de su entidad federativa.
A la par de este recorte, se impone una prohibición que redefine las carreras políticas en los estados: el fin de la reelección inmediata para las y los diputados locales. El mensaje es claro: el mandato termina cuando expira el periodo para el que fueron electos, sin posibilidad de prórroga directa.
Contra los “privilegios dorados”
La minuta también lanza un dardo directo a los organismos electorales. Las remuneraciones de consejeros, magistrados y titulares de áreas ejecutivas, tanto del INE como de los organismos y tribunales locales, quedarán estrictamente topadas bajo el límite del artículo 127 constitucional. Nadie podrá ganar más que el Ejecutivo Federal.
El documento es tajante al prohibir la contratación con recursos públicos de lo que denomina “prestaciones de lujo”:
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Seguros de gastos médicos mayores y de vida privados.
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Seguros de separación individualizados.
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Cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro fuera de la ley.
Con este turno a comisiones, San Lázaro inicia la ruta para desmantelar la arquitectura de los privilegios y la profesionalización de la paridad en el nivel más cercano a la gente: el municipio. El debate apenas comienza, pero la ruta hacia una nueva configuración del Estado mexicano ha quedado trazada en la tribuna.
