Ek Xib Yaotectátl
El reloj marcaba las 03:49 horas del pasado 13 de marzo cuando el silencio de la colonia Campestre se rasgó. No fue un estruendo, sino el sonido seco de cables siendo arrancados y el siseo metálico de una lata de aerosol.
En la oscuridad, dos figuras encapuchadas ejecutaban un ritual de guerra psicológica: cegar las cámaras de seguridad de una vivienda para demostrar que, para ellos, las paredes no son refugio.
Para la mujer que habita esa casa, cuya identidad se protege tras un velo de anonimato necesario, el mensaje fue una bofetada de realidad: “Sabemos dónde vives”.
No fue un intento de robo; fue un acto de marcaje territorial en una cacería que ya suma años de terror.
El nombre de Mario Eduardo Peniche Pérez aparece en las denuncias no solo como el progenitor de una niña de 10 años, sino como el hombre que ha transformado el teléfono celular en un arma de asedio.
Lo que comenzó como una sombra digital ha mutado en una presencia física que acecha rutas, vigila vehículos y, lo más perturbador, merodea el colegio de su propia hija.
El historial de mensajes documentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) es el guion de una tragedia anunciada:
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“Te voy a cazar pendeja” (21 de febrero de 2025).
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“Te estoy localizando porque ubicadas ya están” (8 de septiembre de 2025).
El miedo de esta madre no nace del vacío. Existe un antecedente que hiela la sangre y que ella ha expuesto ante las autoridades: el mejor amigo de Peniche Pérez protagonizó un feminicidio seguido de suicidio en Mérida en 2020.
Esa cercanía con la letalidad, sumada a la destreza del agresor en el manejo de armas, eleva el riesgo de esta familia a un nivel crítico.
“Si no estás conmigo, no me interesa la niña”, sentenció Peniche Pérez años atrás.
Esa frase resume una década de violencia psicológica donde la menor no ha sido vista como una hija, sino como un rehén emocional.
La táctica de control se extiende incluso al ámbito legal: abogados que acosan a familiares para que la madre retire las denuncias, y un historial de abandono económico que lo mantiene en la lista de deudores alimentarios tras ignorar una sentencia de pensión desde 2021.
La víctima vive hoy en una paradoja burocrática. Aunque ha recibido auxilio policial, este ha sido intermitente. Las guardias se activan y, tras apenas 60 días, se retiran, dejando a la madre y a la niña nuevamente a merced de un hombre que ha jurado “cazarlas”.
La exigencia hacia el Gobierno de Yucatán es desesperada pero clara: medidas de protección permanentes. En un estado que se proyecta como el más seguro del país, la vida de esta familia transcurre “bajo llave”, en un confinamiento forzado por el miedo mientras el agresor goza de la libertad de seguir vigilando los colegios.
La situación en la colonia Campestre es hoy una cuenta regresiva. Cada vez que la vigilancia se retira, la puerta se abre para que la amenaza se cumpla.
La madre ha roto el silencio no por deseo de exposición, sino como un último recurso para que el Estado actúe antes de que el siseo del aerosol se convierta en el estruendo de una tragedia irreparable.
