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Larissa exige licitaciones con perspectiva de género

Lograr que todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios estatales cumplan con el compromiso obligatorio de perspectiva de género; que asegure paridad e inclusión en cada contratación, es la base de la propuesta presentada por la representante ciudadana, Larissa Acosta Escalante.

La iniciativa busca ampliar oportunidades económicas y sociales, para empresas lideradas por mujeres y emprendedoras locales; se reflejará con cambios en el Padrón de Proveedores del Estado, dando prioridad a empresas cuya estructura sea inclusiva, con mujeres en roles decisivos.

Acosta Escalante abundó que esto garantiza que al menos el 50% de las licitaciones se destinen a empresas que cumplan estos criterios, ya que no hay desarrollo real si la mitad de la población queda fuera de las decisiones económicas.

“La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2023 lo deja claro: El 45.4% de las mujeres en México participan en la economía, frente al 77.2% de los hombres. En Yucatán la desigualdad es aún más grave: solo el 38% de las empresas tienen mujeres en puestos de decisión y menos del 20% son lideradas por ellas”, expuso.

Las adquisiciones públicas representan una porción significativa del gasto estatal, y con ello, una oportunidad única para impulsar el desarrollo económico y la participación de empresas lideradas por mujeres

“No se trata de privilegios ni cuotas, se trata de justicia. Se trata de corregir un sistema que ha permitido que, en procesos de contratación pública, las empresas lideradas por hombres prevalezcan, dejando de lado a aquellas que, a pesar de contar con talento y capacidad, enfrentan barreras sistemáticas para competir en igualdad de condiciones” agregó.

La Legisladora explicó que la contratación pública es una herramienta poderosa para lograr que las empresas emergentes, crezcan y se consoliden. Y es que
en América Latina, el mercado de licitaciones gubernamentales representa entre el 30% y el 40% del PIB en países en desarrollo.

Con esta iniciativa se establece un precedente en Yucatán, para que el sector privado siga ese ejemplo y respalde los esfuerzos hacia la paridad de género en sus propios procesos

 

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